El Estado colombiano es exactamente igual a ese amigo que el primero de enero se compra la ropa deportiva más cara de la tienda.

Paga la anualidad del gimnasio por adelantado, arma un Excel con cada caloría que se va a comer, descarga cinco aplicaciones para meditar y hasta se compra un termo inteligente que le avisa cuándo beber agua.

Tiene la teoría perfecta de cómo ser un atleta de alto rendimiento.

Pero llega el lunes a las 6:00 a.m., pospone la alarma 3 veces y pide 5 empanadas grasosas por Rappi a las 10:00 a.m.

Nuestro sistema público es una eminencia para planear, pero sufre de una parálisis vergonzosa a la hora de mover un dedo. Tenemos instituciones que saben recitar la ley de memoria, que redactan documentos de 500 páginas que nadie lee y que contratan consultorías millonarias para explicar cómo se debe tapar un hueco.

El problema es que, después de tanta reunión y tanto café, el hueco sigue ahí, cada vez más grande, mientras la plata de la solución ya se esfumó en viáticos.

La fábrica de papeles más grande del mundo

Nos han metido el cuento de que a Colombia le faltan leyes. ¡Pura carreta!

Si la exportación de decretos y normas diera plata, seríamos la potencia económica del planeta. Nuestro Congreso es una imprenta incansable de textos legales que suenan a poesía. Uno lee las leyes colombianas, con sus "enfoques diferenciales" y sus palabras elegantes, y siente que vive en un cantón de Suiza.

Pero hay un abismo gigantesco entre el papel firmado en un escritorio de Bogotá y la retroexcavadora trabajando en la calle.

El Estado le tiene pánico a la acción. Cada vez que hay que solucionar un problema real —entregar medicinas a un abuelo, arreglar una escuela que se cae o construir un puente— el sistema entra en corto circuito. En lugar de ejecutar, activa su mecanismo de defensa favorito: el trámite eterno.

Te piden la firma, la contrafirma, la huella, la autenticación en notaría y el visto bueno de un comité que solo se reúne los jueves bisiestos.

¿Para qué sirve tanta vuelta? No es para cuidar tu plata.

La burocracia en este país no se inventó para proteger los recursos públicos; se inventó para repartir la responsabilidad entre tantos funcionarios que, al final, nadie sea culpable de nada. Es el juego del "yo no fui" elevado a nivel profesional.

La "eficiencia" del torcido

Y aquí es donde aparece la única institución que nunca nos falla, la que no sabe qué es un retraso y la que siempre tiene presupuesto: La Corrupción.

Mientras el Estado formal está en su décima "mesa técnica" debatiendo el sexo de los ángeles, el corrupto ya cotizó, ya contrató, ya cobró y ya repartió la tajada. La maquinaria del torcido no sufre de dudas ni de parálisis, porque sus incentivos son claros: plata rápida y sin rastro.

Si tú, como ciudadano o pequeño empresario, intentas hacer un trámite por la vía legal, te estás lanzando a un agujero negro.

No sabes si el permiso sale en un mes, en tres años o si el funcionario de turno amaneció con ganas de fastidiarte la vida. La ley en Colombia es un laberinto diseñado para que te canses, para que te rindas y para que termines buscando la salida fácil.

En cambio, el pacto bajo la mesa tiene reglas que todo el mundo entiende.

El famoso "CVY" (Cómo Voy Yo) te ofrece algo que el Estado es incapaz de darte: Certeza. Ese soborno del 10% o el 20% no se siente como un delito en la calle; se siente como un impuesto de vía rápida. Es el peaje que pagas para que el sistema se mueva.

Paradójicamente, en este platanal hay un respeto más sagrado por la palabra empeñada en un soborno que en un contrato estatal firmado ante notario.

Si pagas la coima, el resultado llega. Si sigues la ley, te quedas esperando una respuesta que quizás nunca llegue. Hemos convertido la honestidad en un lujo para gente con mucha paciencia, y la trampa en el combustible que hace que el país no se detenga del todo.

El castigo por no ser un "vivo"

Lo más perverso de este sistema operativo es que castiga activamente al que decide hacer las cosas bien.

Al que hace la fila sin colarse, al que presenta los papeles completos sin tener un "padrino" político y al que se niega a dar para el tinto, el sistema lo muele por cansancio. Lo agotan, lo humillan y lo dejan de último en la fila de las soluciones.

Nos han entrenado para creer que la burocracia es un muro que no se puede saltar, a menos que encuentres la puerta trasera.

Por eso en Colombia aplaudimos al "vivo" y nos reímos del que cumple la norma. Hemos normalizado que la única forma de que las cosas pasen es saltándose el proceso. La "malicia" no es un defecto de nuestra cultura; es un mecanismo de defensa que desarrollamos para no morir asfixiados por un Estado que pide mucho pero no entrega nada.

¿Cómo se arregla esto?

La corrupción en Colombia no se va a acabar porque el Congreso apruebe la "Ley Anticorrupción Definitiva Número 50". Un papel no cambia el ADN de un sistema que está hecho para trabar al ciudadano.

El torcido solo va a perder poder el día en que ser honesto, seguir las reglas y hacer un trámite legal sea más rápido, más barato y más efectivo que pagar un soborno.

Mientras el Estado siga pensando tanto y ejecutando tan poco, el "vivo" seguirá siendo el rey.

Seguimos riendo para no llorar, pero la factura de la ineficiencia la pagamos todos cada vez que el puente se cae o la plata del mercado no alcanza. La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a seguir sudando para pagar impuestos que terminan financiando la pereza, los contratos a amañados y la comodidad de quienes nos que gobiernan?

Romper la trampa empieza por dejar de romantizar al "vivo" y empezar a exigirle al Estado (funcionarios) que de una maldita vez haga su trabajo.

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